Reforma migratoria.
Los millones de indocumentados
que podrían beneficiarse con la reforma migratoria podrán en una primera etapa
legalizar su situación en el país si llegaron a Estados Unidos antes del 31 de
diciembre de 2011, si pagan una multa de 500 dólares y sus impuestos atrasados
y tienen un récord criminal limpio, según la propuesta que el Grupo de los Ocho
presenta hoy al Senado. Si cumplen con estos requisitos se les otorgará la
calidad de Inmigrante Registrado Provisionalmente (RPI por sus siglas en
inglés), con la cual tendrán derecho a vivir y trabajar legalmente en Estados
Unidos, lo mismo que a salir del país.
El registro original provisional
tendrá una vigencia de seis años y podrá ser renovable siempre y cuando se
pague de nuevo la multa y no se haya cometido ninguno de los delitos motivo de
deportación, según se establece en el mismo documento.
A este registro provisional
podrán acudir también aquellos individuos que en este momento estén fuera de
Estados Unidos debido a que fueron deportados y que sean el esposo (a), o el
padre o madre de un ciudadano o residente legal y que la deportación no haya
sido por algún crimen. Por supuesto, tienen que cumplir con los mismos
requisitos que se exigirán para los que están en el país, entre ellos que la
deportación se haya dado antes de ese último de diciembre de 2011. El beneficio
incluye a los niños o jóvenes que estuvieran deportados y que estén en la edad
y demás condiciones que contempla la llamada “Acta del Sueño”.
El beneficio del registro provisional
igualmente incluye a aquellas personas que están en el país pero que ya tienen
orden de deportación o que están en proceso de la misma, siempre y cuando
también cumplan con los demás requisitos que se exigen para el RPI. El proyecto
de ley de los ocho senadores es el producto de un intenso trabajo que se inició
en enero pasado y que en la mejor de las circunstancias se espera que tenga una
significativa aceptación bipartidista (se necesitan 60 votos de los 100
senadores para que pase en el Senado). Si esto se consigue, la idea es que ante
el apoyo mayoritario de senadores demócratas y republicanos el proyecto de ley
adquiera tal dinámica que la Cámara Baja, dominada por los republicanos y donde
hay más oposición a la reforma, no tendrá otra opción más que también
aprobarlo.
El beneficio para los
indocumentados sin embargo, o la oportunidad de solicitar o ser aceptado en ese
registro provisional, no será inmediato. Una vez que la ley entre en vigencia
-después de ser aprobada por las Cámaras, el Presidente debe firmarla- habrá un
plazo de seis meses al final del cual la Secretaría de Seguridad Interna deberá
presentar ante el Congreso dos planes para asegurar la frontera. Uno, llamado
“Estrategia para una Completa Seguridad en la Frontera Sur”; y otro, de nombre
“Estrategia para la Cerca -o el Muro- en la Frontera Sur”.
Únicamente cuando ambos planes
hayan sido presentados ante el Congreso, los indocumentados podrán iniciar el
proceso de solicitud para el registro provisional (RPI).
El primer plan tendrá un
presupuesto de $3 mil millones de dólares y consistirá en que se instalen más
sofisticados equipos de vigilancia en la frontera para detectar e impedir el
cruce de indocumentados. Algunos de estos equipos serán del tipo que han
utilizado las Fuerzas Armadas en las últimas guerras en Irak y Afganistán
(aviones no tripulados, radares, cercas de material especial, etc.). El plan
permitirá igualmente que se contraten más agentes de la Patrulla Fronteriza a
los cuales se les proveerá de equipo manual para el mismo efecto de mejor
vigilancia en la frontera.
El segundo plan tendrá un
presupuesto de mil 500 millones de dólares y consistirá en que se identifiquen
los lugares en la frontera que todavía no tienen muro, cerca o torres de
vigilancia y que el Departamento de Seguridad Interna considere que es
necesario que se instalen. De nuevo, todo esto siempre en el propósito de
blindar la frontera al paso no autorizado de personas, vehículos y demás.
Hasta aquí no hay mayor relación
de la persona en proceso de legalización con la llamada “seguridad en la
frontera”. La Secretaría de Seguridad Interna presentó sus planes y los
indocumentados presentan su solicitud del registro provisional. Asumiendo que
lo consiguen, lo demás es de esperar. Una espera un tanto larga sí, aunque por
supuesto con el permiso de trabajo, de vivir y de salir del país en la mano.
La siguiente etapa es la de la
solicitud para obtener la residencia permanente. Para esto el individuo que
obtuvo su RPI deberá esperar diez años. Y sólo se le permitirá hacerlo además,
si la Secretaría de Seguridad Interna ha presentado por escrito tanto al
Presidente como al Congreso, un documento en el que asegure que el primer plan
de seguridad en la frontera es operacional, que el segundo ha sido completado,
que hay un sistema de verificación de empleo en funcionamiento (como el
E-Verify pero más completo) para evitar que gente sin autorización legal pueda
obtener trabajo y que hay también un sistema para saber cuándo la gente con
visa de turista o similar sale del país.
Un detalle que llama la atención
del proyecto de ley de reforma migratoria es que lo de la “seguridad en la
frontera”, asunto que es decisivo para que se tenga el apoyo de algunos
republicanos, ha quedado un tanto incierto o al menos no tan claro. El
documento habla de que deberá darse una “rendición de cuentas” sobre cómo está
la seguridad en la frontera, y la vara que servirá para medir esta seguridad es
lo que denomina “el tipo de efectividad”, el cual deberá ser del 90% o más.
Este “tipo de efectividad” se
refiere a una relación numérica entre la gente que se detiene y/o se devuelve a
México y Centro América en los lugares de más alto riesgo en la frontera (por
donde más pasan indocumentados) en relación al número de gente que logró
colarse. Es un tanto extraño el método, pero el punto es que en algún momento
la Secretaría de Seguridad Interna tendrá que testificar que este “tipo de
efectividad” se ha conseguido, es decir que hay control en al menos un 90% en
esos lugares más críticos de la frontera, o como lo llama el documento, que se
ha obtenido “La Meta de Seguridad en la Frontera”.
El proyecto de ley habla de que
este “tipo de efectividad” debería de conseguirse en los primeros cinco años y
que de lo contrario se formará un Comisión de la Frontera la cual dará
recomendaciones para conseguir “la meta de seguridad” que no ha conseguido el
plan original de la Secretaría de Seguridad Interna.
Lo interesante o que más llama la
atención de esto, considerando que era algo así como punto de honor para los
republicanos, es que la “rendición de cuentas” sobre la seguridad en la
frontera, por más detallada que se establezca, no se ha puesto como requisito
para echar andar el resto de medidas de la ley (como el de poder solicitar la
‘green card’).
Es posible que alguien diga en
algún momento que la obligación de la Secretaría de Seguridad Interna de
asegurar que los planes de seguridad en la frontera están funcionado incluye
alcanzar este “tipo de efectividad” del 90% en el control de la frontera. Pero
el punto que el proyecto de ley al menos como está redactado en su resumen no
establece esto como requisito. Ya una vez que se habrá la discusión pública se
sabrá más sobre este punto.
Es posible que quedó ligeramente
ambiguo para satisfacer a todo el mundo. Los republicanos dirán que sí hay
estrictos mecanismos para garantizar la seguridad en la frontera como requisito
para que funcione la reforma. Y los demócratas dirán que accedieron a lo que
pedían los republicanos aunque sin que ese tema de la seguridad en la frontera
sea pre requisito para la entrada en vigencia de otras etapas de la reforma.
Una vez que la persona ha
solicitado la residencia permanente -luego de los diez años de espera- viene
otro periodo igualmente complicado. El gobierno únicamente dará cada año 120
mil visas o “visas de mérito”, según el término oficial. La idea es que la
gente que antes era indocumentada tendrá ahora que ponerse en fila como el
resto de gente que quiere emigrar legalmente a Estados Unidos y para ello
tendrá que competir por una “visa de mérito”. El número podrá aumentarse cada
año en un 5% siempre y cuando la tasa del desempleo sea menor del 8.5% con una
cifra máxima de 250 mil al año.
Una vez que la persona ha
obtenido la residencia permanente podrá como cualquier otro con una “green
card”, inciar el proceso para la ciudadanía.
El proyecto de ley incluye varios
otros apartados como la creación de un programa de visas W para trabajadores
temporales o huéspedes quienes podrán venir por periodos de tres años
renovables varias veces y en cantidades comenzando en 20 mil y hasta 75 mil y
más si las condiciones del mercado lo demandan. Importante que estos
trabajadores no estarán atados a un solo empleador y podrán traer a su familia.
Hay también en la ley un aumento
en el número de visas para trabajadores de la computación y similares (de 65
mil anuales actualmente a 110 mil y eventualmente a 180 mil). Habrá igualmente
un nuevo programa para los trabajadores de la agricultura. Para los que
trabajan ahí ahora será relativamente fácil legalizarse si prueban que han
trabajado y que seguirán en la actividad por los próximos años
(Y) :D!!!!
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